El Concejo de Funes derogó una norma vigente desde 2001 que establecía un esquema progresivo para el pago de la TGI en barrios cerrados. La modificación se da en medio del conflicto entre el Municipio y Kentucky por el cobro de la tasa y una deuda que ronda los $40 millones.
El Concejo Municipal de Funes derogó esta semana una ordenanza vigente desde 2001 que establecía un régimen particular para el pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI) en barrios cerrados y clubes de campo. El cambio se produce mientras continúa el enfrentamiento entre la Municipalidad y el barrio privado Kentucky por una deuda cercana a los $40 millones vinculada a inmuebles y actividades comerciales dentro del complejo.
La normativa que quedó sin efecto permitía que los desarrolladores incorporaran las cuentas tributarias de los lotes de manera progresiva, mediante un esquema dividido en tres etapas. El mecanismo había sido pensado para acompañar el proceso de construcción y comercialización de los emprendimientos.
Con el paso de los años, el sistema comenzó a generar diferencias en torno a quién debe afrontar el pago de la tasa por determinados terrenos y sectores de los barrios. En el caso de Kentucky, el conflicto escaló en los últimos meses y derivó en cuestionamientos públicos contra la administración municipal.
El desarrollador Juan Félix Rossetti, uno de los principales referentes de la disputa, cuestionó el incremento de la TGI y planteó que el Municipio pretende cobrar tributos por servicios que, según su postura, no son prestados dentro del barrio. En ese marco, también apuntó contra el intendente Roly Santacroce y cuestionó la gestión de los recursos municipales.
Desde el Ejecutivo local sostienen, en cambio, que el problema está relacionado con la falta de actualización de determinadas cuentas tributarias y con la situación registral de espacios comunes dentro de Kentucky. Según esa versión, todavía existen terrenos que no fueron incorporados individualmente al esquema tributario y que, al permanecer dentro de áreas comunes, terminan generando obligaciones que recaen sobre el conjunto de propietarios.
El planteo también fue discutido dentro del propio barrio. Propietarios de Kentucky habían reclamado que se avance con una delimitación más precisa de los terrenos y espacios comunes, con el objetivo de evitar que los vecinos deban asumir impuestos correspondientes a inmuebles que permanecen bajo titularidad del desarrollador o que son utilizados con fines comerciales.
La ordenanza de 2001 establecía que, en un emprendimiento de 900 lotes, por ejemplo, podían darse de alta inicialmente 300 cuentas tributarias. Una vez comercializadas esas unidades, se incorporaba otro tercio y posteriormente el restante.
Mientras los lotes permanecían bajo la órbita del desarrollador y todavía no habían sido vendidos, la obligación tributaria quedaba a su cargo. El esquema buscaba contemplar las distintas etapas de desarrollo de los barrios privados.
Con la derogación de esa norma, el mecanismo deberá ser reemplazado por un nuevo procedimiento. Los desarrolladores tendrán que presentar un plan para regularizar las altas de las cuentas tributarias, que deberá contar con la aprobación de la Municipalidad y del Concejo.
La medida alcanzará también a Kentucky, que deberá avanzar en la identificación de los lotes que permanecen sin alta, la delimitación de los espacios comunes y la determinación de los sectores destinados a actividades comerciales.
El cambio normativo se da, así, en un contexto de fuerte tensión entre el Municipio y uno de los principales barrios privados de Funes. Mientras el Ejecutivo busca avanzar con una regularización tributaria que considera pendiente desde hace años, desde Kentucky cuestionan el alcance de los cobros y reclaman que se determine con precisión qué servicios y obligaciones corresponden a cada parte.
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