El ex ministro de Seguridad santafesino y exasesor de Aníbal Fernández está acusado de recopilar datos de políticos, sindicalistas, empresarios y periodistas sin autorización judicial; negó irregularidades
Santa Fe atraviesa uno de los escándalos judiciales y políticos más intensos de los últimos tiempos, luego de que fueran imputados el exministro de Seguridad Marcelo Sain y funcionarios que lo acompañaron en su gestión por “asociación ilícita” y “espionaje”.
Los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg desgranaron una serie de episodios y un listado de personalidades, organizaciones y empresas sobre las que se recolectaron datos de bases públicas y privadas. Según indicaron los funcionarios, esas tareas se realizaron sin autorización judicial. Hernández y Grimberg también reprodujeron audios que figuran en la causa, en los cuales los acusados se refieren al uso de esa información, que la fiscalía encuadra en actos ilegales.
La investigación en torno del exministro de Seguridad provincial, que renunció a principio de mes al cargo de asesor de la cartera nacional que encabeza Aníbal Fernández, tiene que ver con la recopilación indebida de información y con métodos inapropiados, sobre dirigentes políticos, sindicales, empresarios y periodistas de Santa Fe.
Sain fue imputado como jefe de la asociación ilícita, abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a la ley, violación de secretos, encubrimiento calificado, malversación de caudales públicos.
El autor del libro Leviatán Azul declaró luego de que se conociera la acusación, después de más de un año de que comenzara la investigación. Sain rechazó los delitos que se le imputan y afirmó: “La política y las estrategias de control del crimen que nosotros desarrollamos en el Ministerio de Seguridad eran claras y fueron manifiestamente decididas por el gobernador [Omar] Perotti. Nosotros teníamos como uno de los ejes de la gestión trabajar fuertemente en los delitos del poder que comprometían a estructuras políticas, judiciales y policiales asociadas al crimen organizado. Ese fue un mandato del gobernador Perotti desde el minuto cero de la gestión”.
Sain explicó: “Entre las facultades y las obligaciones que nosotros teníamos para llevar adelante esta estrategia, estaba producir algo básico, que es análisis criminal de aquellas problemáticas sobre las que teníamos que definir estrategias y acciones concretas. Acá no hay nada novedoso porque el grueso de esa información se elaboró sobre la base de datos de acceso público. Y hago una clara distinción: datos de acceso público, aun obtenidos en el marco de empresas que organizan esa información y se compra ese servicio de compilación de información. Porque queda claro que la información de acceso restringido requiere de autorización judicial y acá nadie ha tenido acceso a información que requiera autorización”.
La acusación contra Sain y sus declaraciones, que afirmó que todo lo que hacía era por orden del gobernador, generó una respuesta y una polémica con funcionarios del gobierno de Perotti.
El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, salió a advertir por las redes sociales que la imputación al exministro Sain estuvo en manos de la opinión pública antes de que efectivamente suceda: “No hay otra explicación para esto que la intencionalidad política de quien lo filtra”.
“Esa misma intencionalidad se confirma con el tratamiento mediático del caso: buscan atribuirle al gobernador indicaciones delictivas cuando en realidad lo citado por el exministro es la orden de separar definitivamente el universo delictivo de la política y del Estado”, agregó Corach.
Sain no tardó en responderle. “Ustedes son querellantes y en la causa hay muchos registros de carpetas y perfilamientos hechos por Maximiliano Pullaro [ministro de Seguridad en la gestión del Frente Progresista y actual candidato a gobernador] en su gestión sobre políticos, empresas y sindicalistas. ¿Por qué no se ponen a trabajar y dejan de pelotudear por Twitter? Son gobierno, no una estudiantina rafaelina”, ironizó.
Fiel a su estilo, Sain agregó más fricción a su respuesta. “¿Para qué se constituyeron como querellantes? ¿Tenían ‘julepe’ de qué? Yo soy peronista bonaerense y guapo. No soy cagón y traidor como otros”.
Fuente: La Nación
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