El Gobierno dio inicio este viernes a su plan para intervenir todos los registros automotores del país. En un proceso comandado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se hizo la presentación formal en ese sentido.
La nota, dirigida al secretario de Justicia y firmada por Carlos Medina, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia, da por iniciado el proceso para revocar las intervenciones vigentes o nombrar a nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
En Argentina existen 1.557 registros de la propiedad automotor para un mercado que mensualmente realiza unas 180.000 transferencias o inscripciones entre automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluyendo maquinaria agrícola. En 2022 hubo 407.532 operaciones de 0km, 1.589.000 de usados, 410.955 de motos nuevas y 401.562 de motos usadas.
Así, el sector suma 2.809.049 trámites, un promedio de 150 por mes por cada oficina. Claro que hay registros con mucho mayor volumen por su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral depende de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y funciona en la órbita del Ministerio de Justicia. Desde hace tiempo es cuestionado no sólo por ser parte de un sistema burocrático, poco eficiente, costoso y muy complejo, sino también porque se lo sindica como una caja política, ya que una parte de las asignaciones están relacionadas con exfuncionarios, o familiares directos o indirectos.
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza puso en lo más alto de la consideración pública la existencia de los registros automotores al cuestionar el modo de nombramiento de sus titulares incluyéndolos dentro de los privilegios de la “casta política” y enfatizar que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno desmantelaría como parte de su reorganización de los organismos públicos. En reiteradas oportunidades, Javier Milei dijo que cerraría los registros automotores y anularía el impuesto de sellos y los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
Una de las últimas situaciones polémicas de las que se tuvo conocimiento público, aún en el gobierno de Alberto Fernández, fue la designación de Emilce Angélica Aiello, concuñada del por entonces ministro de Justicia, Martín Soria, como interventora del registro número 3 de la ciudad neuquina de Centenario, un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
“Son entes designados a dedo, de amigos del poder político, y aquí no hay distinción de colores políticos, porque esto ocurre desde hace décadas y hay registros en todo el país, cuyos titulares son personas que tuvieron o tienen vinculación directa o indirecta con autoridades de todos los gobiernos”, le comentó a Infobae un especialista en el mercado automotor argentino.
Pero más allá de ese cuestionamiento, el problema que tienen los registros se podría dividir en dos claros puntos. El primero está relacionado con el mal funcionamiento en sí del sistema registral de vehículos y el segundo en sus costos. En total, estos trámites tienen un costo aproximado al 6% del valor del auto, y uno depende del otro, porque a más trámites, aranceles y sellos, más costos para los usuarios.
Fuente: Infobae
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