La jefa de Investigaciones de Delitos Complejos, Marina Marsilli, dijo que los municipios “son receptores de datos importantes” para avanzar contra las maniobras de blanqueo de capitales.
La jefa de Investigaciones de Delitos Complejos del Ministerio Público de Acusación (MPA), Marina Marsilli. colaboró en el armado de la ordenanza municipal que busca detectar maniobras de lavado de activos. La funcionaria sostuvo que la flamante normativa, que se elevó al Concejo Municipal para su tratamiento, “es un paso adelante” en la lucha contra las bandas organizadas que vuelcan sus ganancias en el mercado legal, y remarcó: “Se trata de evitar la captación del Estado por parte de delincuentes”.
En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, Marsilli señaló: “Los municipios son receptores de documentación con datos importantes, en especial los grandes como Rosario. Con esta ordenanza, se tienen en cuenta datos que resultan de suma utilidad a las investigaciones, porque tienen la capacidad de analizar situaciones que tal vez a las pesquisas judiciales se les escapa porque no se tiene acceso a esta información”.
Esos datos, bien procesados y sistematizados como prevé este proyecto de ordenanza, sirven para generar información valiosa para otros organismos del Estado, no solo para el Poder Judicial, sino también para la Unidad de Información Financiera (UIF) y para oficinas administrativas que se ocupan de la detección temprana de acciones de lavado de activos”, subrayó Marsilli.
Asimismo, consideró que la ordenanza “es claramente un paso adelante” en la lucha contra el lavado de activos de bandas criminales, ya que permitirá reunir y sistematizar “datos que generalmente tenía el municipio, pero que eran desatendidos. Esto significa una decisión de avanzar para poner en conocimiento esta información
“El objetivo de esta nueva norma es que toda esa documentación que se tiene que presentar en el municipio y que no era tenida en cuenta, ahora sea procesada y analizada de una manera más abarcativa, atendiendo a las alertas de potenciales situaciones de lavado de activo”, agregó.
Marsilli aclaró que el chequeo de esa información no atentará contra el avance del trámite de habilitación de los emprendimientos, ya sea de comercios o permisos para construir. “Los trámites de habilitación continúan, no se frenan. Es un proceso inteligente de información. Por un lado, el servicio municipal continúa, pero esa información que llega al municipio es analizada y puesta en conocimiento en caso de que surja un alerta sospechosa de operación de lavado de activo”, explicó.
“Las alertas de lavado de activos están activas en muchísimas oficinas del Estado. Hasta los profesionales en Ciencias Económicas y los abogados tenemos el deber de notificar en caso de identificar maniobras de lavado. No es que el municipio se carga con funciones que no le corresponden. No se frena ninguna inversión. La ordenanza no prohíbe situaciones, ni lentifica nada. Lo que hace es analizar o leer, con otra mirada, los datos que se recepcionan”, detalló Marsilli.
Y añadió: “En caso de que surja un alerta, el municipio no cambia su actitud para con el ciudadano que está haciendo el trámite. Pero esa información que se genera la pone a disposición de las reparticiones públicas que corresponda. Puede no ser la justicia, pero existen otros organismos del Estado que previenen el lavado de activos que también pueden recibir esa información como la UIF”.
“No se agrega un trámite por el que se necesite una validación para continuar, al contrario, el trámite de habilitación llevará el mismo tiempo que antes. Lo que se hace es trabajar de una manera más inteligente, procurando evitar la captación del Estado por parte de delincuentes. Si a la situación delicada de violencia, no le agregamos herramientas inteligentes lo único que haremos será profundizar la situación de crisis”, finalizó.
Fuente: La Capital / LT8
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