Nuestra región está a la espera del tratamiento sobre biocombustible, sobre el Paraná son varias las empresas qué producen biocombustible en base a la cosecha de cereales y oleaginosas.
Este jueves la Cámara baja trata un proyecto para reformar el régimen de monotributo y otro referente a la regulación de los biocombustibles. Además, estará en debate una reforma del Código Procesal Penal y otra para las intervenciones de contracepción quirúrgica.
La Cámara de Diputados analiza este jueves, en una sesión especial, el proyecto de ley que fija un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.
El temario de la jornada también contempla el tratamiento de un proyecto para reformar el régimen de monotributo, que elimina la retroactividad a enero pasado del pago de las nuevas categorías establecidas en la ley 27.618 que comienzan a regir a partir de julio, entre otras cuestiones.
Uno de los temas centrales de la sesión será el nuevo régimen de biocombustibles, cuyos ejes centrales son la prórroga del sistema hasta el 2030 y una reducción del corte obligatorio del 10 al 5 por ciento en la mezcla entre biodiesel y gasoil.
En tanto, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
El nuevo marco regulatorio de biocombustibles cuenta con el respaldo del Frente de Todos y de bloques aliados, y fue rechazado por la mayoría de los diputados de Juntos por el Cambio, con excepción de aquellos de las provincias productoras de caña de azúcar, Tucumán y Jujuy.
El dictamen de mayoría fue apoyado por los radicales José Cano (Tucumán) y Jorge Rizzotti (Jujuy) y de los macristas Domingo Amaya (Tucumán) y Osmar Moldani (Jujuy).
Las principales diferencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se centraron en que se reduce del 10 al 5 por ciento el corte obligatorio entre el gasoil y el biodiesel, y en las atribuciones para que la Secretaria de Energía pueda aumentar o reducir los porcentajes de acuerdo a los precios internacionales.
En ese punto, la iniciativa establece que la Secretaría de Energía podrá “elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas”.
De forma inversa, el corte podrá reducirse hasta el 3% “cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el precio del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez de biodiésel por parte de las empresas elaboradoras”.
El proyecto mantiene beneficios impositivos al fijar que el biodiésel y el bioetanol no estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Fuente: Telam
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