Desde el gobierno nacional y a través del servicio nacional del fuego ya habían anunciado la posibilidad de esta crisis. Lamentablemente el gobierno de Corrientes no supo comprender la magnitud de lo que se venía.
Mientras el fuego continúa, al día de hoy los incendios en Corrientes consumieron unas 900 mil hectáreas que equivalen al 10% de la superficie de la provincia. De ese total, el fuego afectó cerca del 40% del Parque Nacional Iberá. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego ya indicaba que esto podía suceder.
temprana, indicaba hace ya más de tres meses que estaban dadas todas las condiciones para que esto ocurra en Corrientes. La situación de extrema sequía y altas temperaturas, sumada a los efectos amplificadores del cambio climático, incrementaron el riesgo de incendios en ecosistemas que no suelen arder fácilmente.
Con esta información y teniendo en cuenta la gran cantidad de gente capacitada y de recursos logísticos que posee nuestro país, se podría y debería haber trabajado en reducir la carga y continuidad del combustible, con tareas de limpieza, podas, raleos, generación de cortafuegos, aun con el uso de quemas prescriptas y controladas. En el caso de la aparición de focos ígneos se los podría haber atacado tempranamente antes que las llamas fueran incontrolables. Una adecuada articulación interjurisdiccional, sumando al sector privado hubiera contribuido a evitar que gran parte de estos tomaran la amplitud y gravedad actual.
Zonas protegidas
Los incendios en Corrientes vienen arrasando miles de hectáreas de ambientes naturales, devastando hogares, biodiversidad y recursos naturales a su paso, y afectando no solo a la flora y fauna sino también a las personas. Lamentablemente, esto sucede con mayor frecuencia de la esperada -sobre todo en las épocas de altas temperaturas- y esta vez las llamas han llegado a algunas de las regiones con mayor biodiversidad de nuestro país: la Selva Misionera, los Esteros del Iberá y el Chaco Húmedo.
La situación es crítica y preocupante, con graves impactos que aún no podemos dimensionar en su totalidad, pero que podrían haberse evitado o al menos atenuado. Según el reporte de WWF “Incendios, bosques y el futuro: una crisis fuera de control“, a nivel global se estima que el 75% de los incendios son causados por la actividad humana de manera intencional, o por negligencias que permiten que las quemas se trasformen en incendios. A su vez, el contexto de cambio climático que atravesamos incrementa las posibilidades de ocurrencia y propagación de los incendios, y amplifica y agrava las consecuencias del mal manejo del fuego, debido a la falta de regulaciones, previsión, y prevención. Y Argentina no escapa a este análisis.
Planes de restauración
Ahora es necesario apagar el fuego, para evitar más daños y detener esta catástrofe. Pero una vez apagado, es urgente iniciar la correspondiente restauración ecológica y productiva, principalmente impidiendo el cambio de uso del suelo, asegurando la conectividad con áreas no quemadas (que serán fuentes de biodiversidad) y promoviendo técnica y económicamente buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales que podrán ser herramientas de restauración.
Para esto, las personas y empresas afectadas deben contar con apoyo en todos los sentidos para sobrellevar el proceso de recuperación, y la fauna y flora que volverá a colonizar las áreas post incendio, deberá ser respetada, cuidada y protegida para que el proceso sea más rápido y menos traumático.
Leyes que faltan o no se cumplen
Otro elemento central es contar con una legislación fuerte, efectiva y sobre todo bien implementada, que permita prevenir los futuros incendios y gestionarlos adecuadamente en caso de que ocurran. Por eso, en primera instancia es central el cumplimiento y adecuada implementación de la Ley de Bosques, con los recursos y financiamiento necesarios, para que las jurisdicciones puedan gestionar el manejo de los bosques y la prevención de incendios forestales de forma efectiva.
Una deuda pendiente desde hace más de 10 años es que Argentina cuente con una Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales, para planificar su uso y establecer un marco general, con lineamientos y herramientas, que permita ordenar el territorio y gestionar las diferentes actividades productivas en armonía con la conservación. Pero que, a su vez, cuente con medidas de prevención de incendios e impulse la restauración y la recuperación de la biodiversidad a escala de paisaje.
Por último, la tipificación del delito penal en temas ambientales dentro del Código Penal de la Nación Argentina debería ser una de las herramientas centrales en este tipo de situaciones, para que las fiscalías ambientales investiguen los potenciales delitos y responsables, recaben las pruebas necesarias y promuevan el proceso judicial correspondiente. Al día de hoy, las faltas sobre el ambiente son rara vez sancionadas y cuando lo son, en general no sucede de manera ejemplar o disuasoria.
La emergencia climática nos demanda actuar de manera urgente para controlar y extinguir los incendios activos, prevenir los próximos, iniciar rápidamente los procesos de restauración necesarios para recuperar los servicios ambientales perdidos, y realizar peritajes que determinen las causas e identifiquen y sancionen fuertemente a los responsables.
Insistimos: Hoy la urgencia es apagar los fuegos. Pero para no estar en unos meses diciendo lo mismo, muchas cosas deben cambiar. Si no se trabaja fuertemente en la prevención, con el material humano y técnico necesario, lamentablemente estas situaciones tan trágicas se van a repetir. Si no restauramos las áreas quemadas, si no fortalecemos la legislación (ya sea con nuevas leyes o con la implementación completa de las leyes existentes) nuestro país seguirá en llamas. Y para que esto cambie se necesita la articulación de muchos actores (gobierno nacional, gobiernos provinciales principalmente pero también la colaboración del sector privado y los ciudadanos).
Fuente: Perfil.com
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