Por decreto, el presidente dispuso que será el encargado de licitar el dragado. Provincias tendrán asiento. Incertidumbre sobre cuándo será el traspaso de la concesión vigente
El presidente Alberto Fernández firmó el martes un nuevo decreto de necesidad y urgencia con más cambios en la hidrovía, la principal obras de infraestructura logística del país que es la vía de salida del grueso de las exportaciones argentinas.
El presidente Alberto Fernández y el ministro de Transporte Alexis Guerreranull
En concreto, se crea un “Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable“, un organismo descentralizado con autarquía administrativa, funcional y económico-financiera en el ámbito del Ministerio de Transporte de la Nación que será el encargado de licitar a empresas privadas las obras de acondicionamiento (dragado, balizamiento, ampliaciones), cobrar el peaje a los usuarios a cuenta y orden de las concesionarias y controlar que se cumplan las exigencias y requisitos establecidos en la concesión. El ente, que tendrá sede en Rosario, estará conducido por un consejo directivo presidido por un funcionario nombrado por el presidente y que integrarán los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo y las siete provincias con frente fluvial.
Al vencerse el 30 de abril pasado la concesión del acondicionamiento de sistema troncal de navegación a la empresa Hidrovía SA (UTE entre Jan de Nul y Emepa), el gobierno prorrogó por 90 días su vigencia para tener tiempo para preparar una nueva licitación.
La creación de un órgano de control de la hidrovía era un histórico reclamo del sector empresario (ya que su funcionamiento estaba previsto desde la licitación de los 90, pero nunca se constituyó) por eso fue celebrada en ámbitos privados. También fue celebrada por los gobiernos provinciales con frente fluvial ya que por primera vez tendrán poder de decisión sobre la marcha de la vía navegable. “La hidrovía será de las provincias”, había dicho el presidente Alberto Fernández en la asunción del gobernador Omar Perotti en diciembre de 2019.
No obstante, el anuncio también genera incertidumbre a los principales usuarios de la vía navegable porque no precisa, al menos en el decreto que se publica este miércoles, cómo y cuándo operará el traspaso de la concesión vigente al nuevo sistema. Si bien la sucesión de cambios (sobre la marcha y sobre la hora) nunca es bien recibida por los empresarios, que demandan certidumbre para invertir y operar, lo que más le interesa ahora es que los cambios no afecten la navegabilidad.
Además de disponer mejoras a la vía (nuevas obras, más tecnología, etc.) el principal cambio era de régimen: en vez de seguir con una concesión a un privado, el Estado se haría cargo del cobro del peaje a los usuarios y usando esa recaudación para pagar las tareas de dragado y balizamiento. Quedó, por el decreto 949/2020, en el Ministerio de Transporte de la Nación el poder concedente.
Cómo los días pasaban sin salir al ruedo la nueva licitación, se informó que Transporte concesionaría la hidrovía por un año a la Administración General de Puertos (AGP), quien pasaría a cobrar el peaje y contratar las prestadoras privadas. Mientras esa concesión “corta” mantenía el sistema, Transporte tendría un año para prepara la licitación “de fondo”.
Fuente: Rosario 3
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