Un preso de la cárcel de Piñero desarrolló una app y asegura tener un suculento precontrato con una empresa líder.
Los abogados defensores solicitaron que el recluso obtenga beneficios para salir del penal a fin de desarrollar su creación y cumplir con las exigencias de la firma. “Es muy inteligente y logró todo con su teléfono celular”, resaltó el abogado Alejandro Impallari sobre su defendido, quien cumple una condena por comprar y vender autos de dudosa procedencia y está imputado por encubrimiento estando detenido.
Ángel Emiliano Ochoa habría creado una aplicación hace dos años “con un celular que le quitaron en una requisa, pese a los inhibidores de señal”. Según explicó Impallari “se puso a hacer algoritmos matemáticos haciendo fórmulas que benefician a la sociedad”. Aunque admitió que no termina de “entender la dimensión” del invento, confió que se trata de “una plataforma superadora a todas las que conocemos que favorecería encontrar mejores precios para que no hayan brechas entre grandes y pequeños consumidores”.
“Logró un contrato con una empresa gigantesca”, resaltó y prefirió no precisar de qué firma se trata. Sin embargo, adelantó que de concretarse el proyecto de Ochoa, podrían emplearse, en principio, 20 personas y unas 50 al llegar diciembre. Incluso, “empleados remotos en el mundo”. En este sentido, el letrado destacó: “No solo se reinserta en el mundo laboral sino que le va a dar trabajo a mucha gente”. Otro objetivo que persigue el joven interno es poder presentarle su proyecto al presidente Javier Milei.
Según trascendió, el acuerdo con la mega empresa consiste en un primer desembolso de 300.000 dólares y la finalidad del monto pactado al entregarse la aplicación terminada. Ochoa ofreció u$s25.000 para resarcir a sus supuestas víctimas, otros u$s25.000 a la Policía de la Provincia de Santa Fe por comprar autos de dudosa procedencia, un monto no trascendido al poder Judicial de la provincia por generar un dispendio jurisdiccional innecesario y un desgaste en la investigación de los delitos, u$s25.000 para los abogados defensores y u$s200.000 para todas las personas empleadas.
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