En la Secretaría de Comercio están evaluando los resultados de las fiscalizaciones a tres grandes cadenas de supermercados. Pablo Moyano ratificó que seguirá colaborando con los relevamientos en centros de distribución
Los controles de precios que realiza el Gobierno para que se cumpla el programa Precios Justos continuarán pese a las críticas que desataron en representantes de la oposición y de las voces de protesta que empiezan a manifestar algunos empresarios que son dueños de supermercados. Algunos gremios, como los de Camioneros y de Comercio, más los militantes de las organizaciones sociales afines al oficialismo y los inspectores municipales de intendencias del Conurbano y del interior del país, seguirán colaborando y monitoreando que no haya faltante de productos en los centros de distribución y en las góndolas.
“Hicimos tres operativos en grandes cadenas la semana pasada porque nos decían que había problemas. Nos basamos en las denuncias. Generalmente los supermercados son los que más nos informan si hay algún producto que no les está llegando”, explicaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.
También sostuvieron que “todavía se están evaluando los resultados de esas inspecciones para saber si el abastecimiento quedó asegurado”. Por eso, para esta semana “no hay programados” otros operativos. En la cuenta de Twitter de la Secretaría que orienta Tombolini se publicó el 13 de enero que se habían hecho “controles en los centros de distribución de Carrefour, Coto y Cencosud”. En esta última cadena están los supermercados Jumbo, Disco y Vea.
“De ninguna manera habrá una tregua”, sostuvo una fuente de las organizaciones sociales sobre la ayuda que están proporcionando al Gobierno. “Seguimos colaborando como hasta ahora”, dijeron. Tanto desde Barrios de Pie, como del Movimiento Evita y de otros movimientos nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) enviaron a sus militantes a explicar y difundir el uso de la aplicación “Precios Justos” que permite efectuar la denuncia correspondiente si alguno de los 1.800 productos incluidos en el programa están faltando en las góndolas. Ahora concentrarán sus esfuerzos en los centros turísticos, principalmente en la Costa Atlántica.
Una de las mayores polémicas se produjo por el rol del sindicato de Camioneros, cuyo secretario adjunto es Pablo Moyano, en la fiscalización que ejerce la Secretaría de Comercio. El gremialista aclaró a la agencia Télam que ese sindicato no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen 10 camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.
Desde el entorno de Tombolini remarcaron que Camioneros realiza tareas de acompañamiento en los operativos en los centros de distribución: “Se controlan los camiones que salen de ahí con mercadería. No están yendo a las góndolas”, advirtieron. En ese mismo sentido insistieron en señalar que “el rol del Estado es indelegable, de ninguna manera quienes colaboran son una autoridad de aplicación””.
Fuente: Infobae
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